INFORME DE PEN BOLIVIA FILIAL COCHABAMBA
ACERCA DEL DETERIORO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN BOLIVIA EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2025 HASTA FEBRERO DE 2026
INTRODUCCIÓN
Como parte de la conmemoración de los 100 años de
la Ley de Imprenta en Bolivia (promulgada el 19 de enero de 1925), PEN Bolivia
filial Cochabamba se ha propuesto presentar informes semestrales sobre la
situación de la libertad de expresión en nuestro país. La información publicada
en artículos de prensa, así como en los comunicados de la Asociación Nacional
de Periodistas de Bolivia y sus nueve asociaciones, fue revisada y
sistematizada por el Comité de Escritores Encarcelados de PEN Bolivia
Cochabamba. Estos informes son difundidos a nivel nacional y enviados al PEN
INTERNACIONAL. Estamos presentes en más de 100 países, de
Malawi a Japón, de Afganistán a Sudáfrica, de Canadá a Argentina y de Noruega a
Nueva Zelanda.
Como sostuvimos en el INFORME DE PRIMER SEMESTRE de
2025, en Bolivia se está dando una espiral ascendente en
cantidad y virulencia en las vulneraciones de la libertad de expresión. Se
han repetido los incidentes cada vez más violentos contra periodistas,
reporteros y camarógrafos durante las épocas de elecciones nacionales y
subnacionales, manifestaciones, avasallamientos de tierras, bloqueos de
carreteras y otras circunstancias donde el periodismo cumple su misión de
informar. Según la CPJ, en los últimos 5 años, Bolivia ha experimentado un
alarmante aumento de la violencia contra periodistas, especialmente aquellos
que cubren protestas y conflictos por tierras. (El Deber, 12, agos, 2025).
Periodistas y medios en general, denuncian 679
casos de vulneración a la libertad de prensa entre 2021-2025. Señalan como
principalmente agresor al Estado y exigen reformas legales: una ley de
protección al gremio, el acceso a la información pública y el fin de la
impunidad (Brújula Digital, 27 de octubre, 2025).
En seis meses anotan 95 ataques contra la prensa,
denunciaron ante la Comisión de Derechos Humanos CIDH la ANPB y ACPI. Al menos
51 vulneraciones estarían vinculadas directamente al proceso electoral y la
crisis económica. Se registraron 19 amenazas, 14 restricciones al acceso a la
información, 7 agresiones a periodistas y 6 de criminalización (El Deber, 4,
agos, 2025).
Estas han sigo algunas de las principales
vulneraciones a la libertad de expresión en el mencionado período:
LA AMENAZA COMO ARMA PARA ACALLAR
Amenazar se ha constituido en Bolivia el modo usual
de intimidar y silenciar al periodismo que informa de modo independiente. Se
trata de amenazas diversas, desde amenazar con sanciones económicas,
enjuiciamiento, amenazas de agresiones físicas hasta amenazas de muerte.
Reporteros de varios medios denunciaron que
seguidores de Evo Morales que rechazaban la proclamación del candidato
Andrónico Rodríguez, empujaron y amenazaron a periodistas que cubrían la
manifestación en Yapacaní. (13-jul, Los Tiempos).
El periodista Javier Negre, periodista español,
denunció haber sido amenazado de muerte por haber hecho preguntas incomodas
durante su cobertura electoral en Bolivia. Señaló que la extrema polarización
del proceso electoral pone en riesgo a periodistas extranjeros. (El Deber, 16,
agos, 2025).
VIOLENCIA, AGRESIONES FÍSICAS, DESTRUCCIÓN DE
EQUIPOS, EXPULSIÓN
Diferentes periodistas en el ejercicio de su
profesión se vieron sometidos a empujones o apedreamiento, insultos, golpes, destrucción
de sus equipos de trabajo y otras agresiones físicas. En Oruro, un individuo
desconocido irrumpió en el Canal 15 y golpeó a la periodista Marcela Cruz que
se aprestaba a iniciar el programa informativo (Los Tiempos, El Deber, 21,
agos, 2025).
La ANPB y la Asociación de Periodistas de Sta. Cruz
(APSC) condenaron las acciones contra el periodista Guider Arancibia,
periodista destacado y con muchos años de trabajo en periódico El Deber de
Santa Cruz. Durante una cobertura en el Aeropuerto El Trompillo, fue agredido
por el piloto Cap. De Aviación Jaime Rodríguez por publicaciones hechas por dicho
periodista sobre Rafael Arce Mosqueira, el hijo del ex Presidente Luis Arce
Catacora (El Deber, 27 de agos, 2025). Sus equipos fueron dañados y el
periodista fue expulsado del aeropuerto.
No obstante, de ser agredido, su propio periódico lo despidió
argumentando que "no recibió ninguna instrucción por parte de El Deber
S.A. para realizar cobertura periodística…" Además, la fiscalía se
aprovechó de este pronunciamiento para rechazar la denuncia presentada por
Arancibia y la ANPB (Brújula Digital, 26, nov, 2025)
Después de la segunda vuelta del proceso
eleccionario, cuando los reporteros Patricia Melgar y Antonio Calla cubrían
algunos actos de violencia sufrieron agresiones físicas y destrucción de equipos.
El Portal Periodismo Somos Todos exigió mediante una denuncia en la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Crimen (FELC) a los dos agresores, una disculpa
pública y la reposición de los equipos.
ACUSACIONES
AL TRABAJO PERIODÍSTICO
La Asociación de Periodistas de Bolivia ANPB y la
Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional ACPI condenaron las
declaraciones de la dirigente del extinto Partido de Acción Nacional Boliviano
Pan-Bol, Ruth Nina, ella acusó a los periodistas de haber tergiversado sus palabras ("En
vez de contar votos, van a contar muertos"). Consideraron que, “sus declaraciones
son irresponsables ya que pueden afectar la tranquilidad pública y la
credibilidad del proceso electoral. (15, jul, 2025, Los Tiempos).
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia
(ANPB) protestó sobre el proceder del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en
contra de cuatro medios que publicaron columnas de opinión de los periodistas
Carlos Valverde, Augusto Vera y Manuel Morales. Estos "textos habrían favorecido
o perjudicado a candidatos presidenciales " en contravención al Régimen de
Propaganda y Campaña Electoral (Brújula Digital, 14, sep, 2025)
El candidato a vicepresidente por el Partido
Demócrata Cristiano (PDC)Edman Lara se expresó con insultos y acusaciones
contra los periodistas Carlos Valverde, Vania Borda y otros durante el balotaje
de la segunda vuelta. Las asociaciones de periodistas de Bolivia rechazaron
las amenazas y exigieron que no se vulneren los derechos a la libre expresión,
se respete la libertad de prensa y el trabajo periodístico (El Deber, 20, agos,
2025).
INTIMIDACIÓN, ACOSO JUDICIAL
El periodista
Rafael Acuña, de Rurrenabaque, recibió amenazas de judicialización por la
publicación de un reportaje sobre las condiciones de vida y el confinamiento
del pueblo indígena Ese Ejja en Eyiyoquibo, lo que compromete decisiones del
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que habrían afectado ese
territorio ancestral Brújula Digital, 13, feb, 2026)
La aduana anuncia juicio contra el periodista de
investigación Wilson García Mérida por sus publicaciones en Sol de Pando,
periódico digital que él dirige. La notificación notariada le da un plazo de
cinco días para la retractación de los datos y afirmaciones de García Mérida,
quien hace revelaciones incómodas a las autoridades de la Aduana. García
Mérida ha sido crítico con el gobierno de Evo Morales, denunciando el
narcotráfico y la persecución periodística. Fue perseguido, enjuiciado y
exilado por los gobiernos del MAS. El periodista declaró que no se retractará
de sus publicaciones y que se somete a la Ley de Imprenta (Sol de Pando, 17,
febr, 2026).
Ambos
periodistas han recibido apoyo de la Asociación Nacional de Periodistas ANPB.
REFLEXIONES FINALES
Este
último período está marcado por las etapas de los comicios nacionales y
subnacionales en los que el ambiente político del país se muestra altamente
polarizado. Las vulneraciones a la libertad de expresión se han dado en esos
marcos y han tenido como agresores en parte el Estado y los operadores
políticos así como grupos de ciudadanos identificados con determinados líderes,
ideologías o tiendas políticas.
El
cambio de gobierno ha creado en el pueblo boliviano esperanza y expectativas de
contar con verdaderas condiciones democráticas para la libertad de expresión.
Esperamos que dichas expectativas se vean satisfechas para construir un Estado
de derecho donde la transparencia de la información sea su indicador más
importante. Sin embargo, son preocupantes los casos de Acuña y García
Mérida que recuerdan las acciones del
Mas durante sus diferentes gobiernos.
Como
Pen Bolivia Cochabamba, reiteramos nuestro apoyo y solidaridad hacia todos los
comunicadores que sufren vulneraciones a sus derechos humanos y profesionales
en el cumplimiento de su tarea de informar la verdad con transparencia. Exigimos
a las autoridades gubernamentales, instituciones, operadores políticos así como
a la dirigencia de movimientos sociales respeten sus vidas, su trabajo y los
medios que utilizan en su función informativa.
Cochabamba, 17 de febrero de 2026
COMITÉ DE ESCRITORES ENCARCELADOS
DE PEN BOLIVIA FILIAL COCHABAMBA
