INFORME DE PEN BOLIVIA FILIAL COCHABAMBA

ACERCA DEL DETERIORO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN BOLIVIA EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2025 HASTA FEBRERO DE 2026

 INTRODUCCIÓN

Como parte de la conmemoración de los 100 años de la Ley de Imprenta en Bolivia (promulgada el 19 de enero de 1925), PEN Bolivia filial Cochabamba se ha propuesto presentar informes semestrales sobre la situación de la libertad de expresión en nuestro país. La información publicada en artículos de prensa, así como en los comunicados de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y sus nueve asociaciones, fue revisada y sistematizada por el Comité de Escritores Encarcelados de PEN Bolivia Cochabamba. Estos informes son difundidos a nivel nacional y enviados al PEN INTERNACIONAL. Estamos presentes en más de 100 países, de Malawi a Japón, de Afganistán a Sudáfrica, de Canadá a Argentina y de Noruega a Nueva Zelanda.

Como sostuvimos en el INFORME DE PRIMER SEMESTRE de 2025, en Bolivia se está dando una espiral ascendente en cantidad y virulencia en las vulneraciones de la libertad de expresión. Se han repetido los incidentes cada vez más violentos contra periodistas, reporteros y camarógrafos durante las épocas de elecciones nacionales y subnacionales, manifestaciones, avasallamientos de tierras, bloqueos de carreteras y otras circunstancias donde el periodismo cumple su misión de informar. Según la CPJ, en los últimos 5 años, Bolivia ha experimentado un alarmante aumento de la violencia contra periodistas, especialmente aquellos que cubren protestas y conflictos por tierras. (El Deber, 12, agos, 2025).

Periodistas y medios en general, denuncian 679 casos de vulneración a la libertad de prensa entre 2021-2025. Señalan como principalmente agresor al Estado y exigen reformas legales: una ley de protección al gremio, el acceso a la información pública y el fin de la impunidad (Brújula Digital, 27 de octubre, 2025).

En seis meses anotan 95 ataques contra la prensa, denunciaron ante la Comisión de Derechos Humanos CIDH la ANPB y ACPI. Al menos 51 vulneraciones estarían vinculadas directamente al proceso electoral y la crisis económica. Se registraron 19 amenazas, 14 restricciones al acceso a la información, 7 agresiones a periodistas y 6 de criminalización (El Deber, 4, agos, 2025).

Estas han sigo algunas de las principales vulneraciones a la libertad de expresión en el mencionado período:

LA AMENAZA COMO ARMA PARA ACALLAR

Amenazar se ha constituido en Bolivia el modo usual de intimidar y silenciar al periodismo que informa de modo independiente. Se trata de amenazas diversas, desde amenazar con sanciones económicas, enjuiciamiento, amenazas de agresiones físicas hasta amenazas de muerte.

Reporteros de varios medios denunciaron que seguidores de Evo Morales que rechazaban la proclamación del candidato Andrónico Rodríguez, empujaron y amenazaron a periodistas que cubrían la manifestación en Yapacaní. (13-jul, Los Tiempos).

El periodista Javier Negre, periodista español, denunció haber sido amenazado de muerte por haber hecho preguntas incomodas durante su cobertura electoral en Bolivia. Señaló que la extrema polarización del proceso electoral pone en riesgo a periodistas extranjeros. (El Deber, 16, agos, 2025).

VIOLENCIA, AGRESIONES FÍSICAS, DESTRUCCIÓN DE EQUIPOS, EXPULSIÓN

Diferentes periodistas en el ejercicio de su profesión se vieron sometidos a empujones o apedreamiento, insultos, golpes, destrucción de sus equipos de trabajo y otras agresiones físicas. En Oruro, un individuo desconocido irrumpió en el Canal 15 y golpeó a la periodista Marcela Cruz que se aprestaba a iniciar el programa informativo (Los Tiempos, El Deber, 21, agos, 2025).

La ANPB y la Asociación de Periodistas de Sta. Cruz (APSC) condenaron las acciones contra el periodista Guider Arancibia, periodista destacado y con muchos años de trabajo en periódico El Deber de Santa Cruz. Durante una cobertura en el Aeropuerto El Trompillo, fue agredido por el piloto Cap. De Aviación Jaime Rodríguez por publicaciones hechas por dicho periodista sobre Rafael Arce Mosqueira, el hijo del ex Presidente Luis Arce Catacora (El Deber, 27 de agos, 2025). Sus equipos fueron dañados y el periodista fue expulsado del aeropuerto.  No obstante, de ser agredido, su propio periódico lo despidió argumentando que "no recibió ninguna instrucción por parte de El Deber S.A. para realizar cobertura periodística…" Además, la fiscalía se aprovechó de este pronunciamiento para rechazar la denuncia presentada por Arancibia y la ANPB (Brújula Digital, 26, nov, 2025)

Después de la segunda vuelta del proceso eleccionario, cuando los reporteros Patricia Melgar y Antonio Calla cubrían algunos actos de violencia sufrieron agresiones físicas y destrucción de equipos. El Portal Periodismo Somos Todos exigió mediante una denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELC) a los dos agresores, una disculpa pública y la reposición de los equipos.

 ACUSACIONES AL TRABAJO PERIODÍSTICO

La Asociación de Periodistas de Bolivia ANPB y la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional ACPI condenaron las declaraciones de la dirigente del extinto Partido de Acción Nacional Boliviano Pan-Bol, Ruth Nina, ella acusó a los periodistas  de haber tergiversado sus palabras ("En vez de contar votos, van a contar muertos"). Consideraron que, “sus declaraciones son irresponsables ya que pueden afectar la tranquilidad pública y la credibilidad del proceso electoral. (15, jul, 2025, Los Tiempos).

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) protestó sobre el proceder del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en contra de cuatro medios que publicaron columnas de opinión de los periodistas Carlos Valverde, Augusto Vera y Manuel Morales. Estos "textos habrían favorecido o perjudicado a candidatos presidenciales " en contravención al Régimen de Propaganda y Campaña Electoral (Brújula Digital, 14, sep, 2025)

El candidato a vicepresidente por el Partido Demócrata Cristiano (PDC)Edman Lara se expresó con insultos y acusaciones contra los periodistas Carlos Valverde, Vania Borda y otros durante el balotaje de la segunda vuelta.  Las asociaciones de periodistas de Bolivia rechazaron las amenazas y exigieron que no se vulneren los derechos a la libre expresión, se respete la libertad de prensa y el trabajo periodístico (El Deber, 20, agos, 2025).

INTIMIDACIÓN, ACOSO JUDICIAL

El periodista Rafael Acuña, de Rurrenabaque, recibió amenazas de judicialización por la publicación de un reportaje sobre las condiciones de vida y el confinamiento del pueblo indígena Ese Ejja en Eyiyoquibo, lo que compromete decisiones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que habrían afectado ese territorio ancestral Brújula Digital, 13, feb, 2026)

La aduana anuncia juicio contra el periodista de investigación Wilson García Mérida por sus publicaciones en Sol de Pando, periódico digital que él dirige. La notificación notariada le da un plazo de cinco días para la retractación de los datos y afirmaciones de García Mérida, quien hace revelaciones incómodas a las autoridades de la Aduana. García Mérida ha sido crítico con el gobierno de Evo Morales, denunciando el narcotráfico y la persecución periodística. Fue perseguido, enjuiciado y exilado por los gobiernos del MAS. El periodista declaró que no se retractará de sus publicaciones y que se somete a la Ley de Imprenta (Sol de Pando, 17, febr, 2026).

Ambos periodistas han recibido apoyo de la Asociación Nacional de Periodistas ANPB.

 REFLEXIONES FINALES

Este último período está marcado por las etapas de los comicios nacionales y subnacionales en los que el ambiente político del país se muestra altamente polarizado. Las vulneraciones a la libertad de expresión se han dado en esos marcos y han tenido como agresores en parte el Estado y los operadores políticos así como grupos de ciudadanos identificados con determinados líderes, ideologías  o tiendas políticas.  

El cambio de gobierno ha creado en el pueblo boliviano esperanza y expectativas de contar con verdaderas condiciones democráticas para la libertad de expresión. Esperamos que dichas expectativas se vean satisfechas para construir un Estado de derecho donde la transparencia de la información sea su indicador más importante. Sin embargo, son preocupantes los casos de Acuña y García Mérida  que recuerdan las acciones del Mas durante sus diferentes gobiernos.

Como Pen Bolivia Cochabamba, reiteramos nuestro apoyo y solidaridad hacia todos los comunicadores que sufren vulneraciones a sus derechos humanos y profesionales en el cumplimiento de su tarea de informar la verdad con transparencia. Exigimos a las autoridades gubernamentales, instituciones, operadores políticos así como a la dirigencia de movimientos sociales respeten sus vidas, su trabajo y los medios que utilizan en su función informativa.

          Cochabamba, 17 de febrero de 2026

COMITÉ DE ESCRITORES ENCARCELADOS

    DE PEN BOLIVIA FILIAL COCHABAMBA