INTRODUCCIÓN
Como parte de la conmemoración de los 100 años de la Ley de Imprenta en Bolivia (promulgada el 19 de enero de 1925), PEN Bolivia filial Cochabamba se ha propuesto presentar informes semestrales sobre la situación de la libertad de expresión en nuestro país. Como es usual en la institución, se revisó y se sistematizó la información publicada en artículos de prensa, así como en los comunicados de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y sus nueve asociaciones. Es evidente en Bolivia una espiral ascendente en cantidad y virulencia en las vulneraciones de la libertad de expresión. Entre los tipos de agresiones recurrentes, encontramos la asfixia económica a medios independientes, las amenazas, la judicialización, las agresiones físicas, el destrozo de equipos, como micrófonos y cámaras e incidentes cada vez más violentos contra periodistas, reporteros y camarógrafos durante manifestaciones, avasallamientos de tierras, bloqueos de carreteras y otras circunstancias donde el periodismo cumple su misión de informar desde el lugar de los hechos.
Uno de los mecanismos más eficientes para limitar la libertad de expresión es, sin ninguna duda, la asfixia económica en contra de los medios de comunicación independientes; es decir, la exclusión de la publicidad estatal que les quita posibilidades de funcionamiento. El poder no solo les niega publicidad estatal, que sí distribuye entre los medios afines al gobierno, también condiciona a particulares a no publicitar en aquellos identificados como “opositores”. Ocurrió en años pasados con los periódicos “Página Siete” de La Paz y “Los Tiempos” de Cochabamba.
Esto origina, naturalmente,
la autocensura o el cierre de los medios de comunicación que el gobierno
considera “peligrosos”. La agonía de estas instituciones ha significado una
disminución de sus ingresos económicos para seguir funcionando y, por consiguiente,
el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores de la prensa, que
recurren cada vez más a la informalidad en su labor informativa. De este modo,
el público busca la información independiente en las redes sociales, los
canales de YouTube y otros. Este hecho, junto a la persecución política y la falta
de garantías, ha llevado a muchos periodistas a abandonar la profesión y/o el
país o hasta solicitar asilo en otros países. La diputada María José Salazar denuncia el hecho de
que cada vez más periodistas, especialmente de Sta. Cruz, solicitan asilo en
EE.UU. Menciona como ejemplos: José
Miguel Sánchez, Carla Paz, José Antonio Camacho, Marcelo Suárez y Carmen Paz.
AMENAZAS
Y AGRESIONES FÍSICAS
Otra forma recurrente para lograr el acallamiento de los trabajadores de la prensa son las amenazas, incluso amenazas de muerte, como las que ha sufrido la periodista Mabel Prado Nogales por publicar reclamos de vecinos sobre una caravana de evistas en motocicletas.
Ahora,
no sólo se limitan las vulneraciones contra la libertad de prensa al ámbito
político o al narcotráfico, sino también a otros como las actividades deportivas
o el contrabando. Fue así que un grupo de hinchas del Club Deportivo Aurora
amenazó desalojar de una conferencia de prensa a los periodistas que “falten el
respeto o intenten desprestigiar al club”. En otra conferencia de prensa,
Flavio Robatto, Director Técnico de Bolívar, reaccionó de manera agresiva a una
pregunta del periodista José Quino de Red Uno, intentando humillarlo y desafiándolo
a pelear.
En otro ámbito, tras la publicación de una nota que denunciaba la existencia de un “arrendamiento perpetuo” de 60 mil hectáreas del territorio indígena baure por 108.000 US$ anuales, el dirigente baure Pedro Guasico y otras personas enviaron mensajes amenazantes a la periodista Silvana Vincenti de El Deber, para que cesara de realizar publicaciones supuestamente “maliciosas, difamatorias y anti indígenas”. Mientras tanto, en Desaguadero, frontera con Perú, un grupo de contrabandistas amenazó a un periodista y a su camarógrafo de Urgente.bo con quitarles sus equipos, borrar los datos grabados y botarlos al río. Al menos diez soldados presenciaron el incidente, sin hacer nada al respecto.
Un indicador especialmente preocupante, que se va haciendo frecuente dentro de este patrón de violencia sistemática, ejercido contra el periodismo en Bolivia, han sido las agresiones físicas contra periodistas que no hacen otra cosa que cumplir su función desde los lugares de los conflictos. Marco Jiménez, de Canal F10, fue herido por fuegos de artificio lanzados por seguidores del expresidente Evo Morales durante la "marcha comunal por la vida". Estos, además, gritaron consignas e insultos contra los medios de comunicación. A través de sus redes sociales, el canal estatal difundió un comunicado en el que condena "de manera enfática la agresión a uno de sus camarógrafos, durante una cobertura en la sede de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba". En la Paz, el periodista David Pizarro fue agredido por la policía antimotines, con gas pimienta, cuando registraba imágenes de la detención de manifestantes evistas, frente al Tribunal Supremo Electoral TSE.
Ángela Ninoska Mamani, periodista de Canal 35 Televisión Tunari y Dahan Joaquín Vedia, camarógrafo, realizaban la cobertura de un conflicto relativo a la basura en Cochabamba, fueron agredidos por los vecinos con golpes y patadas; los despojaron de un micrófono, una billetera, un teléfono móvil y una cámara de fotografía y de video.
Los equipos de prensa Unitel y Red Uno, que cubrieron el desbloqueo de la carretera que une Oruro con Llallagua, fueron emboscados y sus coches atacados con piedras, lanzadas desde los cerros. Durante los mismos acontecimientos violentos, cinco personas (cuatro policías y un comunario) perdieron la vida.
Medios y periodistas se han visto a lo largo de las últimas décadas sometidos a juicios para acallar su voz. Uno de ellos fue Wilson García Mérida, periodista de investigación, perseguido por los gobiernos del MAS mediante diversos juicios que han perjudicado su economía y su salud. En este último semestre, una juez dio libertad definitiva al sicario Yerko Antonio Saavedra Cossío quien había atacado a cuchilladas a García Mérida hace años, fue puesto en libertad sin haber cumplido su condena, no sin antes amenazar de muerte nuevamente al periodista.
Como Pen Bolivia Cochabamba, nos solidarizamos plenamente con todos los comunicadores que sufren vulneraciones a sus derechos humanos y profesionales en el sacrificado cumplimiento de su tarea. Exigimos que autoridades, instituciones como la policía, la justicia, así como la dirigencia de movimientos sociales respeten sus vidas, su trabajo y los medios que utilizan en su función informativa.
Expresamos nuestra preocupación ante esta sistemática y ascendente espiral de violencia contra la labor periodística que, ejercida libremente, garantiza la información y la transparencia en una sociedad que se dice democrática. Es fundamental que gobierno, justicia, policía y pueblo en general respeten y protejan el trabajo periodístico, como una de las claves para garantizar la libertad de expresión.
COMITÉ
DE ESCRITORES ENCARCELADOS
DE PEN
BOLIVIA FILIAL COCHABAMBA
