INTRODUCCIÓN
Como parte de la
conmemoración de los 100 años de la Ley de Imprenta en Bolivia (promulgada el
19 de enero de 1925), PEN Bolivia filial Cochabamba se ha propuesto presentar informes
semestrales sobre la situación de la libertad de expresión en nuestro país.
Como es usual en la institución, se revisó y se sistematizó la información
publicada en artículos de prensa, así como en los comunicados de la Asociación
Nacional de Periodistas de Bolivia y sus nueve asociaciones. Es evidente en
Bolivia una espiral ascendente en cantidad y virulencia en las
vulneraciones de la libertad de expresión. Entre los tipos de agresiones
recurrentes, encontramos la asfixia económica a medios independientes, las
amenazas, la judicialización, las agresiones físicas, el destrozo de equipos,
como micrófonos y cámaras e incidentes cada vez más violentos contra
periodistas, reporteros y camarógrafos durante manifestaciones, avasallamientos
de tierras, bloqueos de carreteras y otras circunstancias donde el periodismo
cumple su misión de informar desde el lugar de los hechos.
ASFIXIA
ECONÓMICA Y DETERIORO DE CONDICIONES LABORALES DE LOS COMUNICADORES
Uno de los mecanismos
más eficientes para limitar la libertad de expresión es, sin ninguna duda, la
asfixia económica en contra de los medios de comunicación independientes; es
decir, la exclusión de la publicidad estatal que les quita posibilidades de
funcionamiento. El poder no solo les
niega publicidad estatal, que sí distribuye entre los medios afines al
gobierno, también condiciona a particulares a no publicitar en aquellos identificados
como “opositores”. Ocurrió en años pasados con los periódicos “Página Siete” de
La Paz y “Los Tiempos” de Cochabamba.
Esto origina, naturalmente,
la autocensura o el cierre de los medios de comunicación que el gobierno
considera “peligrosos”. La agonía de estas instituciones ha significado una
disminución de sus ingresos económicos para seguir funcionando y, por consiguiente,
el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores de la prensa, que
recurren cada vez más a la informalidad en su labor informativa. De este modo,
el público busca la información independiente en las redes sociales, los
canales de YouTube y otros. Este hecho, junto a la persecución política y la falta
de garantías, ha llevado a muchos periodistas a abandonar la profesión y/o el
país o hasta solicitar asilo en otros países. La diputada María José Salazar denuncia el hecho de
que cada vez más periodistas, especialmente de Sta. Cruz, solicitan asilo en
EE.UU. Menciona como ejemplos: José
Miguel Sánchez, Carla Paz, José Antonio Camacho, Marcelo Suárez y Carmen Paz.
AMENAZAS
Y AGRESIONES FÍSICAS
Otra forma
recurrente para lograr el acallamiento de los trabajadores de la prensa son las
amenazas, incluso amenazas de muerte, como las que ha sufrido la
periodista Mabel Prado Nogales por publicar reclamos de vecinos sobre una
caravana de evistas en motocicletas.
Ahora,
no sólo se limitan las vulneraciones contra la libertad de prensa al ámbito
político o al narcotráfico, sino también a otros como las actividades deportivas
o el contrabando. Fue así que un grupo de hinchas del Club Deportivo Aurora
amenazó desalojar de una conferencia de prensa a los periodistas que “falten el
respeto o intenten desprestigiar al club”. En otra conferencia de prensa,
Flavio Robatto, Director Técnico de Bolívar, reaccionó de manera agresiva a una
pregunta del periodista José Quino de Red Uno, intentando humillarlo y desafiándolo
a pelear.
En
otro ámbito, tras la publicación de una nota que denunciaba la existencia de un
“arrendamiento perpetuo” de 60 mil hectáreas del territorio indígena baure por
108.000 US$ anuales, el dirigente baure Pedro Guasico y otras personas enviaron mensajes amenazantes a la
periodista Silvana Vincenti de El Deber, para que cesara de realizar
publicaciones supuestamente “maliciosas, difamatorias y anti indígenas”.
Mientras tanto, en Desaguadero, frontera con Perú, un grupo de contrabandistas
amenazó a un periodista y a su camarógrafo de Urgente.bo con quitarles sus
equipos, borrar los datos grabados y botarlos al río. Al menos diez soldados
presenciaron el incidente, sin hacer nada al respecto.
Un indicador especialmente preocupante, que
se va haciendo frecuente dentro de este patrón de violencia sistemática,
ejercido contra el periodismo en Bolivia, han sido las agresiones físicas contra periodistas
que no hacen otra cosa que cumplir su función desde los lugares de los
conflictos. Marco Jiménez, de Canal F10, fue herido por fuegos de artificio lanzados por
seguidores del expresidente Evo Morales durante la "marcha comunal por la
vida". Estos, además, gritaron consignas e insultos contra los medios de
comunicación. A través de sus redes sociales, el canal estatal difundió un
comunicado en el que condena "de manera enfática la agresión a uno de sus
camarógrafos, durante una cobertura en la sede de la Federación Sindical Única
de Trabajadores Campesinos de Cochabamba". En la Paz, el periodista David
Pizarro fue agredido por la policía antimotines, con gas pimienta, cuando
registraba imágenes de la detención de manifestantes evistas, frente al
Tribunal Supremo Electoral TSE.
Ángela
Ninoska Mamani, periodista de Canal 35 Televisión Tunari y Dahan Joaquín Vedia,
camarógrafo, realizaban la cobertura de un conflicto relativo a la basura en
Cochabamba, fueron agredidos por los vecinos con golpes y patadas; los
despojaron de un micrófono, una billetera, un teléfono móvil y una cámara de
fotografía y de video.
Los equipos de prensa
Unitel y Red Uno, que cubrieron el desbloqueo de la carretera que une Oruro con
Llallagua, fueron emboscados y sus coches atacados con piedras, lanzadas desde
los cerros. Durante los mismos acontecimientos violentos, cinco personas
(cuatro policías y un comunario) perdieron la vida.
JUDICIALIZACIÓN Y
VULNERACIONES DE LA JUSTICIA
Medios y periodistas se
han visto a lo largo de las últimas décadas sometidos a juicios para acallar su
voz. Uno de ellos fue Wilson García Mérida, periodista de investigación, perseguido
por los gobiernos del MAS mediante diversos juicios que han perjudicado su
economía y su salud. En este último semestre, una juez dio libertad definitiva al
sicario Yerko Antonio Saavedra Cossío quien había atacado a cuchilladas a
García Mérida hace años, fue puesto en libertad sin haber cumplido su condena,
no sin antes amenazar de muerte nuevamente al periodista.
REFLEXIONES FINALES
Como Pen Bolivia Cochabamba, nos
solidarizamos plenamente con todos los comunicadores que sufren vulneraciones a
sus derechos humanos y profesionales en el sacrificado cumplimiento de su tarea.
Exigimos que autoridades, instituciones como la policía, la justicia, así como la
dirigencia de movimientos sociales respeten sus vidas, su trabajo y los medios
que utilizan en su función informativa.
Expresamos nuestra preocupación ante esta
sistemática y ascendente espiral de violencia contra la labor periodística que,
ejercida libremente, garantiza la información y la transparencia en una
sociedad que se dice democrática. Es fundamental que gobierno, justicia,
policía y pueblo en general respeten y protejan el trabajo periodístico, como
una de las claves para garantizar la libertad de expresión.
Ejercer el periodismo en Bolivia, en las
últimas décadas y muy especialmente durante los últimos años, se ha convertido
en tarea de riesgo en muchos sentidos, sobre todo cuando se trata de un
periodismo independiente, que busca la verdad, pues los trabajadores de la
información son víctimas de la polarización y la intolerancia que vive Bolivia
como parte de un fenómeno mundial. Es necesario repensarnos como país, como
pueblo, como poderes del Estado para darle al ejercicio de esta profesión el
lugar que necesita y merece, de cara a cumplir su misión esencial. Será uno de
los indicadores fundamentales para avanzar hacia un Estado de Derecho del que
aún nos encontramos lejos.
COMITÉ
DE ESCRITORES ENCARCELADOS
DE PEN
BOLIVIA FILIAL COCHABAMBA
